Desafíos y logros en torno a la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador

Entrevista a Javier Castro de León, Director de Estudios Legales de FUSADES

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de El Salvador, que hoy se encuentra vigente y cuenta con un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ha sufrido altibajos y superado obstáculos a lo largo de los últimos años. La Alianza Regional ha sido un socio clave para las organizaciones que han promovido la LAIP, especialmente para las integradas en el Grupo Promotor, agrupación que se encuentran liderando los dos miembros nacionales de la Alianza Regional, FUSADES y APES.

En esta entrevista con Javier Castro, Director de Estudios Legales de FUSADES, se pueden observar los desafíos superados y los que aún falta alcanzar para lograr la implementación efectiva de la ley. Se destaca el rol de la sociedad civil, tanto a nivel regional como internacional, para lograr que los gobiernos vean la importancia de contar con una ley que ha sido destacada como la 5ª mejor, en el Global RTI Rating 2012 elaborado por el Centre for Law and Democracy y Access Info Europe.

En febrero de este año la Ley de Acceso a la Información Pública se vio amenazada por reformas que pretendían limitar su accionar y legitimidad. ¿Cómo se revirtió este proceso? ¿Cuál fue la importancia de la sociedad civil para que el presidente Mauricio Funes vetara estas reformas?

El partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) introdujo en la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) el 8 de febrero de 2013. Éstas fueron aprobadas en la madrugada del 9 de febrero de 2013, apenas 40 horas después de haberse presentado, por las fracciones del FMLN, CN y Gana.

Las reformas aprobadas anulaban el goce efectivo y garantía del derecho humano de acceso a la información pública, reconocidas como tal por la Sala de lo Constitucional, por lo que a nuestro juicio iban en contra de la Constitución. Las reformas se centraban en 3 aspectos: eliminaban  la capacidad de ente garante de la LAIP  al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), creaban reglas confusas para la elección de los comisionados del IAIP y establecían  nuevas causales de reserva innecesarias.

Lo central de la reforma era la anulación de la atribución del IAIP de “resolver controversias en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada”, puesto que al suprimir la vinculatoriedad de sus decisiones, el IAIP perdía la capacidad de ejercer un control del cumplimiento de la ley, pues únicamente emitiría recomendables lo que los convertía en un ente muy debilitado e inoperante.

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la información Pública y numerosos ciudadanos y organizaciones sociales, se pronunciaron inmediatamente expresando su rechazo y pidiendo al Presidente de la República, Mauricio Funes, el veto de las reformas  aprobadas por la Asamblea Legislativa. Hubo docenas de artículos de opinión en medios de comunicación y reacciones de gran dimensión, muy pocas veces vistas en las redes sociales.

El 14 de febrero pasado, el Presidente de la República recibió el decreto legislativo que contenía las reformas y le bastó unas horas para decidir vetar las mismas por inconveniencia. En el documento que envió a la Asamblea Legislativa, el Presidente justifica algunas de las reformas, como la incorporación de causales de reserva y no alega la inconstitucionalidad de las disposiciones. El veto fue aceptado por la Asamblea Legislativa y se remitió al archivo esa misma noche.

Sin lugar a dudas, la enorme presión que de forma rápida  y oportuna ejerció el Grupo Promotor y la sociedad civil, fueron claves para lograr el veto presidencial y de esa forma evitar que las reformas a la LAIP entraran en vigencia y terminaran con aniquilarla.

¿En qué estado se encuentra hoy la LAIP en su país?

Luego de unas semanas intensas de debate sobre la LAIP y en respuesta a los intentos por reformarla inadecuadamente, el sábado 23 de febrero de 2013, el Presidente eligió y juramentó finalmente a los comisionados del IAIP, con un retraso de 476 días del plazo establecido en la LAIP.

El IAIP conforme a la ley, es un ente independiente cuya función principal es ser la institución rectora y garante de  la aplicación de la LAIP. Éste debía estar en funcionamiento a más tardar 180 días de entrada en vigencia de la misma, es decir, el 4 de noviembre de 2011. En lugar de crearse con 6 meses de antelación al pleno funcionamiento de la ley que sucedió el 8 de mayo de 2012, el Instituto se constituye 9 meses después de ello, cuando ya hay solicitudes  para que se conozca de las denegatorias de información y de los incumplimientos de la ley.

El Instituto aún no ha recibido los fondos para su funcionamiento. Tras casi 2 meses de haberse nombrado a los comisionados, éstos han instaurado su sede provisionalmente en las oficinas del  Programa de Transparencia y Gobernabilidad de USAID. Cuando se elaboró el Presupuesto General de la Nación del año 2013, los fondos para el IAIP se asignaron a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, para su “resguardo”. El argumento era que como no existía el IAIP no podía crearse una partida propia. FUSADES  y el Grupo Promotor criticaron esta postura, puesto que el IAIP se creó mediante la ley, que estaba en vigencia, y el hecho de que no estuvieran nombrados sus comisionados a la fecha en que se discutía el presupuesto (finales de año 2012) era por los atrasos del Órgano Ejecutivo en su elección. Actualmente, el IAIP se encuentra haciendo gestiones  con el Ministerio de Hacienda para que se le haga entrega de esos fondos y de esa forma poder organizar administrativamente al Instituto, contratar personal, etc.

En cuanto al cumplimiento de la ley, no puede dejar de mencionarse que han habido avances en materia de transparencia activa con relación al pasado previo a la LAIP. El Estado se ha venido preparando para cumplir con la ley, pero aún hay muchas deficiencias en varias municipalidades. La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción ha publicado índices sobre la transparencia activa de instituciones del Ejecutivo y de otros órganos y entidades de autonomía constitucional. Sin embargo, a nuestro juicio estos no dan un panorama real de la situación, puesto que lo que califican es que se cumpla que haya un documento por cada ítem que exige la LAIP, pero no miden la calidad de ese documento. Además, según sus resultados, las entidades responden arriba del 90% de las solicitudes; sin embargo, como usuarios detectamos que muchas veces lo que se responde no es información completa o relevante.

Ante la falta de un ente rector, se han detectado casos de interpretación restrictiva y errónea de la LAIP para evitar dar la información. Es por ello que cobra mucha importancia el que finalmente se haya conformado el IAIP, pues cuando estaba la ley vigente pero no se contaba con el Instituto, el dar la información prácticamente quedaba a la discreción del ente obligado y no existía una instancia superior ante quien acudir. Siempre estuvo la posibilidad de acudir al Órgano Judicial, pero esta no es la vía más fácil para que los ciudadanos puedan exigir su derecho de acceso a la información pública.

¿Cómo colaboró la Alianza Regional en todo el proceso de promulgación e implementación de la Ley desde 2008?

La Alianza Regional ha sido un socio clave para las organizaciones que han promovido la LAIP, especialmente para las integradas en el Grupo Promotor, agrupación que se encuentran liderando los dos miembros nacionales de la Alianza, FUSADES y APES, dentro del Comité Gestor  del Grupo Promotor.

Durante la redacción del proyecto de la LAIP en el año 2008 por parte de FUSADES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Alianza Regional colaboró con la provisión de apoyo de expertos internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, quienes brindaron valiosa información sobre las dificultades en la aplicación de las leyes en sus países y los avances que en ese entonces se habían elaborado a nivel jurisprudencial.

La Alianza también colaboró en actividades de promoción y capacitación en materia de acceso a la información pública. En 2008, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, miembro del Grupo Promotor, en coordinación con el Trust de las Américas y la Alianza Regional, impartieron el curso de Cátedra Iberoamericana de Derecho de Información en dos ocasiones, con el propósito de profundizar los conocimientos en materia de libertad de expresión y acceso a la información de los catedráticos universitarios de periodismo y derecho. También con la colaboración de la Alianza Regional, FUSADES realizó talleres sobre transparencia judicial y sobre periodismo investigativo. También, con fondos del Trust de las Américas se coorganizaron con APES talleres sobre acceso a la información para periodistas y jefes de comunicaciones de entidades públicas.

Cabe destacar la participación que tuvo la Alianza Regional en la audiencia temática de la CIDH, en octubre de 2011, en Washington D.C., en donde se plantearon los obstáculos que enfrentaba la implementación de la LAIP en El Salvador. En dicha ocasión se aprovechó para conversar sobre el tema con el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza; asimismo, se sostuvieron reuniones con la Relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero.

Ya en la etapa de discusión de la ley, la Alianza Regional estuvo presente en momentos críticos, enviando notas al Presidente de la Asamblea Legislativa para que se aprobara una ley coherente con los estándares internacionales.

Finalmente, luego de la entrada en vigencia de la LAIP, la Alianza ha continuado con un apoyo incondicional, pronunciándose en una carta para que el Presidente Funes reconsiderara su decisión de desechar las ternas de candidatos al IAIP, en mayo 2012. La Alianza también ha colaborado en la organización y participación en un taller de fortalecimiento institucional del Grupo Promotor, para fortalecer el trabajo de cara  a la implementación de la ley. En este taller, realizado los días 6 y 7 de septiembre de 2012,  se contó con la presencia de 4 miembros de las distintas organizaciones de la Alianza Regional, y cuyo aporte fue muy valioso en el sentido de identificar las fortalezas y áreas de mejora del Grupo Promotor, así como de contribuir a la planeación de una agenda a corto, mediano y largo plazo del Grupo Promotor, todo con el objetivo de fortalecer el acceso a la información en nuestro país, a través de varios mecanismos, actividades y estrategias que surgieron en dicho taller.

Por otra parte, cabe destacar la continua comunicación que hubo entre FUSADES y la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional para plantear estrategias con el objeto de lograr la aprobación de la LAIP y luego su implementación.

¿Qué repercusión tuvo la Carta Abierta enviada por la Alianza Regional al presidente Funes en junio del año pasado?

La carta tuvo un impacto mediático importante, al ser retomada por diversos medios escritos y radiales, contribuyendo a mantener el tema en la agenda pública. Lastimosamente, el Presidente Mauricio Funes nunca contestó ni hizo referencia a la misiva.

¿Qué valor agregado tuvo la participación internacional?

La participación internacional en todo el proceso de la LAIP ha contribuido, en primer lugar, a que el proyecto de ley fuese de mayor calidad. Tanto así, que la ley ha sido evaluada por el Centre for Law and Democracy y Access Info Europe como la 5ª mejor ley en su Global RTI Rating 2012.  En segundo lugar, la colaboración internacional ha contribuido a fortalecer las posiciones de las organizaciones locales al enfrentar varios obstáculos en la aprobación e implementación de la LAIP. En tercer lugar, la participación internacional permitió que el proceso de aprobación de la ley y su implementación fueran conocidos en la región en diversos seminarios, talleres y foros de discusión.

¿Creen que la presencia de una red como la Alianza  Regional ha sido útil para presionar a favor de la ley? ¿Hubiese sido distinto el proceso sin la presencia de la misma?

Sin duda, la presencia de la Alianza Regional ha sido muy útil para presionar a favor de la ley, no solo por la posibilidad de aprender de las experiencias de otros miembros, lo que brindó una mejor idea de los obstáculos que se enfrentarían. Además, la Alianza, al coordinarse con los miembros locales, permitió una intervención estratégica, en los momentos de mayor gravedad, que sirvió de alguna manera para elevar la discusión: cartas abiertas, declaraciones de la Secretaria General de la Alianza en sus visitas a El Salvador.

¿Cuál es el valor agregado de una coalición local que promueva el Acceso a la Información Pública?

El Grupo Promotor, creado a partir de 2009, se caracteriza por ser un grupo heterogéneo de asociaciones gremiales, universidades, centros de pensamiento y organizaciones dedicadas a la promoción del derecho a la información. Esto permitió que el Grupo dialogara con políticos de todo el espectro político y que la petición de una ley que garantizara el derecho humano del acceso a la información no se politizara. La pertenencia a ambas redes de APES y FUSADES creó vasos comunicantes entre ambas redes a nivel nacional y regional, potenciando la incidencia de ambas.

La creación de una coalición de asociaciones permite combatir las acusaciones de querer favorecer a un sector político con las acciones a favor de la LAIP, ya que la heterogeneidad del grupo permite demostrar que independientemente de la afinidad política que pueda o no existir, la sociedad civil en conjunto demanda la aprobación y correcta aplicación de esta normativa.

¿Cuáles son los desafíos que quedan por enfrentar en la ejecución correcta de la ley y en cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública?

Los principales desafíos pendientes para una ejecución correcta de la LAIP y en cuanto al IAIP son varios. En primer lugar se debe promover el conocimiento y uso de la ley en la ciudadanía. A su vez, se necesita fortalecer y brindar independencia al IAIP, mediante un presupuesto propio y suficiente. Es relevante impulsar reformas que refuercen la estabilidad laboral de los oficiales de información como así también crear oficinas de información en las municipalidades. Finalmente, falta crearse herramientas de evaluación del cumplimiento de la LAIP por parte de la sociedad civil.

22 M: un día clave para las Américas

Entrevista a Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

El proceso de Reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que duró 21 meses y culminó el pasado 22 de marzo, estuvo plagado de interrogantes y amenazas a su autonomía hasta el último minuto del final. Hubo países que buscaron debilitar el Sistema en general y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en particular. Afortunadamente, durante la última Asamblea General Extraordinaria de la OEA, se logró el consenso y terminaron fortalecidos el SIDH, la CIDH y todas sus relatorías.

¿Por qué era tan importante que el proceso finalizara el 22 de marzo?

Con los miembros de la Alianza Regional consideramos que el intento de prolongar la discusión más allá del 22 de marzo respondía a una maniobra especulativa de un grupo de países liderados por los gobiernos de Ecuador (el grupo del ALBA – Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- formado por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua). La pretensión de estos gobiernos era extender el debate hasta la próxima Asamblea General, que se realizará en Antigua Guatemala en junio próximo,  para dilatar la discusión y ganar tiempo para instalar sus agendas regionales en el ámbito de la OEA.

Cabe señalar que el debate sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) tuvo una duración de 21 meses.  El Grupo de Trabajo integrado por varios Estados miembros y liderado por México, presentó recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Octubre de 2012, con el fin de actualizar y fortalecer recursos, así como las metodologías para  lograr un mejor desarrollo del Sistema. Éstas fueron tomadas en cuenta en su mayoría por el Secretario Ejecutivo de la CIDH. Esto fomentó un nuevo diálogo entre la CIDH y el Consejo Permanente de la OEA cuyo trabajo culminó el 19 de marzo, momento en el cual la CIDH presentó un informe de implementación a las recomendaciones que la mayoría de los Estados consideró suficiente.

Durante el proceso, los países del ALBA se mostraron en desacuerdo con las reformas propuestas y la respuesta de la CIDH, y estuvieron acompañados en ciertos momentos por otros países como Brasil y Argentina en algunos puntos.

El objetivo de Ecuador y los demás países del ALBA era que el SIDH dejara de ser un instrumento de defensa de derechos humanos para que sea a un sistema solo de promoción, quitándole así fuerza y legitimidad en los procesos judiciales supranacionales que permite la Convención Americana de Derechos Humanos. Su argumento era que un sistema de defensa de los derechos humanos y de las víctimas resultaba útil en momentos de dictadura, pero no necesaria en países democráticos de la América actual.

Sin embargo, los acontecimientos actuales de violación de derechos humanos que persisten en las Américas, sumado a nuevos actores que constituyen un peligro en el ejercicio de nuestros derechos, nos lleva a considerar, desde la Alianza Regional, que mas que nunca es necesario un sistema para proteger y defender las libertades y derechos.

¿Cuál es su opinión de la cobertura mediática sobre el tema, sobre todo en los días anteriores y posteriores a la resolución del 22 de marzo?

El rol de los medios de comunicación fue clave durante los 21 meses del proceso. Ellos fueron aliados estratégicos para la defensa del SIDH, y esenciales para la difusión del peligro que se corría en las Américas sobre la posición de grupos minoritarios que buscaban debilitar el Sistema.

A su vez, se evidenció en la prensa un proceso de aprendizaje en cuanto al funcionamiento del ámbito diplomático, de las herramientas con las que cuenta el espacio colectivo y de las lecturas políticas que se generan con los acuerdos. Se pudo ver cuáles son los mensajes importantes, que deben transmitirse para evitar operaciones en sentido contrario a los resultados deseados, para construir una América que reconozca los derechos fundamentales de sus habitantes.

¿Cómo influyó en el resultado final la presión de las organizaciones de la sociedad civil?

Al igual que los medios de comunicación, la sociedad civil fue muy importante para la sensibilización de la comunidad. Tuvo el rol de incidir sobre las misiones permanentes de la OEA, sobre las cancillerías y los funcionarios de la OEA.

La Alianza Regional, como miembro de la sociedad civil, centró su trabajo en la amenaza latente del debilitamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en particular, y de todas en general, a través del cuestionamiento de su financiamiento. Consideramos que es muy importante defender a este organismo, ya que es el interlocutor directo con las víctimas de derechos humanos y su tratamiento en temas especiales.

Finalmente, el resultado fue muy positivo en cuanto a las relatorías de la CIDH, ya que no se logró debilitar la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, sino todo lo contrario: se fortaleció en el reconocimiento de su autonomía y financiamiento. Asimismo, se elevaron todas las relatorías a la categoría de “especiales” (las relatorías de los Derechos de los Pueblos Indígenas; de los Derechos de las Mujeres; de los Derechos de los Migrantes; de los Derechos de la Niñez; sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial; para los Derechos de las Lesbianas, los Gays y las Personas Trans, Bisexuales e Intersex; sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) siendo un reconocimiento sustantivo a la necesidad de la existencia de estos departamentos en el marco de la Comisión Interamericana para la defensa de derechos humanos.

¿Qué acciones se realizaron desde la Alianza Regional?

La Alianza Regional realizó varias acciones de incidencia a fin de fortalecer el SIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Desde el comienzo del proceso seguimos atentos la discusión y nos manifestamos en diversas oportunidades  mediante comunicados a los cancilleres, al Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, y a los Estados miembros.

El 17 de enero de 2012 presentamos un comunicado solicitando a los Estados el compromiso para fortalecer la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, el mismo incluía nuestras apreciaciones sobre cómo deberían tratarse los temas conflictivos del trabajo de fortalecimiento. Este documento fue tomado de manera textual por los cancilleres de Costa Rica, Panamá y Uruguay en la Asamblea del Consejo Permanente del 25 de enero de ese mismo año.

Asimismo, el 2 de febrero del 2012, enviamos una carta abierta a José Miguel Insulza en la que se hizo pública nuestra preocupación por ciertas decisiones tomadas por el “Grupo de Trabajo” de la OEA en cuanto a las reformas al SIDH, en especial en cuanto al debilitamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Si bien no se obtuvo respuesta del Secretario General, se logró aumentar la visibilidad de las organizaciones miembros a nivel local por el apoyo regional con el que cuentan a la hora de la incidencia frente a sus gobiernos y cancillerías.

Durante las audiencias de la CIDH con la Sociedad Civil en el marco del Consejo Permanente en Washington, tanto en octubre de 2012 como en marzo de 2013, se puso especial énfasis en nuestra preocupación ante el intento por parte de  algunos países de  debilitar y restar autonomía a la CIDH, y en especial a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. También presentamos observaciones, en octubre de 2012, en respuesta a los documentos de reformas sobre Medidas Cautelares, Promoción y Financiamiento.

¿Cómo se trabaja en estos casos en que los tiempos son cortos y hay que coordinar acciones entre tantas organizaciones de diferentes países?

La estructura de gestión y toma de decisiones de la Alianza Regional, que tiene un sistema ágil y dinámico, sumado al compromiso de los miembros en esta agenda, permitió generar un trabajo estratégico en defensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y de la CIDH.

A su vez, la existencia de una red de permanente actividad como la Alianza Regional y la posibilidad de tomar esta agenda como parte importante de la agenda regional, permitió un seguimiento paulatino y cotidiano de todo el proceso de reforma del SIDH.

Quisiera destacar la capacidad y el liderazgo propios de cada una de las organizaciones miembros en sus países, en el trabajo de cabildeo en sus cancillerías y medios de comunicación. Aun aquellos que transitan relaciones hostiles con los gobiernos de sus gobiernos, acompañaron todos los procesos regionales, con su presencia en cada acción, desde la incidencia en los medios de comunicación, como el trabajo en agendas internacionales.

El 22 de marzo fue un día intenso y con interrogantes hasta el final. ¿Cómo fue esta experiencia para la sociedad civil en América?

Sin lugar a dudas, fue un día clave para todos los habitantes de las Américas. Los gobernantes tuvieron que asumir la gran responsabilidad en representación de sus Estados en la defensa de los Derechos Humanos.

Hubo conmovedores relatos de quienes fueron usuarios del SIDH, incluso varios de ellos hoy servidores públicos. Esto sin duda abonó en la necesidad de avanzar en la implementación de reforma con  un Sistema Interamericano fortalecido, en el que sean las víctimas las que  afirmen o nieguen la utilidad de este proceso.

El rol de países como Brasil y Argentina, luego de mantener durante meses una actitud fluctuante, con posturas poco claras sobre cuáles deberían ser los criterios de fortalecimiento del SIDH, permitió la persistencia y especulaciones del Grupo ALBA. Argentina debió asumir la responsabilidad, durante el 22 de marzo, en llevar adelante el proceso de negociación para terminar con un acuerdo de consenso.

Término este proceso entonces con la sensación de un SIDH salvado de las manipulaciones políticas de turno, dejando la advertencia a los responsables de la toma de decisiones que la comunidad de las Américas defiende la existencia de un espacio internacional para la defensa de los ataques de sus derechos.

En busca de mayor transparencia y acceso a la información

Entrevista a Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de Proacceso – Chile

Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de Proacceso-Chile estuvo presente en el Encuentro Regional sobre Gobierno Abierto de OGP (Alianza para el Gobierno Abierto) en Santiago de Chile los días 10 y 11 enero de este año. Su organización fue la anfitriona de este evento, en el que participó la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Los dos días anteriores hubo reuniones entre organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica para   para fortalecer su presencia en el OGP.

En esta oportunidad Moisés brinda su visión del evento, cuenta cuales fueron las principales conclusiones a las que se pudieron abordar y en qué consisten los próximos desafíos. Destaca el rol que cumplió la Alianza Regional junto con la organización Transparencia Internacional y señala que es necesario que los políticos comiencen a ver como igual a la sociedad civil para poder entablar un diálogo fructífero.

¿Qué representó para su organización la posibilidad de participar del OGP como anfitrión de la sociedad civil de Latinoamérica?

La organización de la participación de la sociedad civil de América en este evento fue un trabajo conjunto entre la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Departamento de las Américas de Transparencia Internacional, fórmula que fue muy exitosa y que representa un modelo de trabajo para imitar.

Pro Acceso cumplió un rol de facilitador y de comunicación con los organizadores locales – La Comisión de Probidad y Transparencia del Gobierno de Chile-, como así también de organizador de la venida delegación de la sociedad civil latinoamericana. Esto representó un gran desafío desde el punto de vista del trabajo colectivo con las redes y generó muchos aprendizajes sobre cómo debe enfrentarse la organización de actividades regionales.

¿Qué papel cumplió la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en el Evento OGP-Chile?

La Alianza Regional fue un actor clave en toda la actividad, tanto  en la fase de preparación como en su posterior desarrollo. Su presencia en la etapa de preparación permitió generar más espacios de participación de la sociedad civil, que no estaba debidamente considerada en el programa inicial, elaborado por el Gobierno de Chile y OGP. Asimismo, el respaldo que generó para la obtención de financiamientos fue clave para atraer el interés de donantes como el Banco Mundial, Fundación Open Society y Fundación Ford, quienes vieron en este evento una oportunidad para generar un diálogo paritario entre la sociedad civil y los representantes de los estados de América. En el desarrollo de la actividad, su presencia fue esencial para instalar un discurso propositivo orientado a fortalecer la presencia del acceso a la información, la transparencia y la participación dentro de la discusión internacional sobre la Alianza por el Gobierno Abierto, así como también para generar un diálogo de igual a igual con los estados. Gracias a su aporte estamos mejor preparados como región para enfrentar la próxima reunión de OGP en Londres, en el segundo semestre de este año.

¿Qué beneficios trae la relación estratégica de la Alianza Regional con la red Transparencia Internacional, en el marco del OGP?

El vínculo generado entre ambas redes, cuya efectividad quedó demostrada en esta reunión, es una muestra de articulación y trabajo cooperativo que en el contexto de la Alianza por el Gobierno Abierto, viene dando fruto desde la reunión de Brasilia en 2012. En esa oportunidad se generaron actividades conjuntas que permitieron elaborar un documento de amplia repercusión internacional, en el que se consolidó la fórmula: “Acceso a la Información como derecho + gobierno abierto como política pública + open data como herramienta = Alianza por el Gobierno Abierto”, que es una guía para orientar las prioridades. Desde esta perspectiva, la relación entre ambas redes ha permitido construir orientaciones de política, y a través del esfuerzo de sus organizaciones miembros, también ha orientado los procesos de discusión nacional en los diversos países de la región, las que no han sido pacíficas en muchos casos.

Este tipo de articulaciones muestra cómo las redes, más allá de sus focos de trabajo específicos, pueden generar estrategias conjuntas en temas de interés común y promover la cooperación e intercambio entre sus miembros. Fue muy interesante ver cómo organizaciones miembros de la Alianza Regional y capítulos de Transparencia Internacional de distintos países trabajaron mano a mano para lograr el objetivo común. Esto, sin duda, traerá aparejado un fortalecimiento de las dinámicas de sociedad civil a nivel local en dichos países.

¿Cómo cree que pueden colaborar los gobiernos en el aumento de la participación de la sociedad civil en el OGP?

Los gobiernos más que colaborar, deben comprender que la esencia de OGP es el trabajo paritario, de igual a igual. Sin duda que representa un cambio cultural muy importante, y que en esta reunión tuvo su primer hito en la generación de dinámicas de intercambio entre representantes de sociedad civil y de los estados en mesas de trabajo abiertas, donde se privilegió el intercambio desde una perspectiva de igualdad. Esto no fue ni fácil ni sencillo, pues implicó tener que sostener continuas conversaciones con representantes de los estados que en una primera aproximación no se sentían cómodos con esta dinámica. Sin embargo, después del término de las actividades, esos mismos representantes de estados valoraron la fórmula empleada, por haberles permitido un diálogo abierto y fluido con la sociedad civil. Esta misma fórmula de diálogo es la que se puede pedir a los gobiernos que repliquen a nivel local. En cualquier caso, también es importante mencionar que la falta de reglas y estándares por parte de OGP respecto de la forma en que debe llevarse a cabo este debate, también es un aspecto que debiera abordarse a la brevedad, a fin de evitar la discrecionalidad interpretativa de los estados, que por tendencia natural en nuestra región, no son muy proclives a la participación de la sociedad civil, menos aún en términos paritarios.

Las ONGs de Latinoamérica realizaron reuniones previas los días 8 y 9 de enero. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que pudieron abordar y cuáles cree que deberían ser los pasos a seguir?

La necesidad de llegar a una definición de Gobierno Abierto en un proceso abierto y participativo es una de las prioridades. Como hoy no existe una definición, no se sabe con certeza qué tipos de medidas deben ser incluidas dentro de los planes de acción nacional y cuáles no, y eso ya es un problema.

Esto tiene un impacto directo en el mecanismo de revisión independiente (IRM) que se está elaborando por parte de OGP, ya que si éste se centra sólo en el cumplimiento de los planes y no en el impacto que éstos tienen en cada país, es posible que este mecanismo de revisión termine por ser irrelevante y funcional a los intereses de muchos estados que no están incluyendo medidas importantes de acceso a la información y transparencia en sus planes.

Otras de las reflexiones que surgieron por parte de la sociedad civil  se refirieron a la importancia de ampliar los planes de acción desde el Ejecutivo a otros poderes y organismos del Estado –como el Judicial y el Parlamento–;  mejorar las comunicaciones de OGP; y  la necesidad de contar con un plan de institucionalidad que permita la selección transparente y efectiva de representantes de la sociedad civil en las diversas instancias de OGP, la que se estimó no debe ser a título personal, sino que institucional.

Finalmente, un punto de preocupación para las organizaciones de la región, y que fue remarcado por la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional en su presentación en el panel inaugural, es la necesidad de incluir en estos procesos a organizaciones civiles de países no elegibles o que no participan en OGP, como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba.

En cuanto al futuro, el próximo desafío que viene se dará en la reunión de OGP en Londres, instancia en la cual la presencia de las redes internacionales (Alianza Regional y Transparencia Internacional), será clave para lograr que OGP realmente se convierta en una oportunidad de lograr mayor transparencia y acceso a la información en nuestros países.

Ciudadanos desinformados y presidentes que no cumplen con su obligación

Entrevista a Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela

La falta de información sobre la enfermedad de un jefe de Estado puede llegar a generar caos y daños irreparables en la población y en sus democracias. El informe “Acceso a la información y Salud de los jefes de Estado” fue elaborado por la organización IDEA (Paraguay) con el aporte de Transparencia Venezuela, Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y Transparencia Colombia de Colombia para la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.En este documento se repasan algunos de los casos más conocidos del mundo y otros de los más recientes sobre enfermedades de los presidentes, particularmente en América Latina. Se evalúa el tratamiento que le dio cada jefe de estado a la información sobre su salud y el acceso a la misma por parte de la ciudadanía.

El argumento principal es que la falta de información sobre la enfermedad de un gobernante trasciende el ámbito de la esfera privada, ya que se convierte en un tema relevante para toda la población.

Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, colaboró con la producción de este texto. La situación sobre la salud del presidente venezolano Hugo Chávez es uno de los temas más preocupantes de la agenda  pública, ya que la falta de información sobre su enfermedad provoca incertidumbre y especulación. En esta entrevista Mercedes nos cuenta cómo se vive en un país sin información sobre la salud de la persona con mayor poder de influencia en el poder público. También nos da su visión de la responsabilidad y el deber que tiene cada gobernante electo de exponer de forma clara y veraz la realidad que está atravesando, privilegiando el derecho de acceso a la información por sobre el de privacidad e intimidad.

¿Cómo se podría obtener información sobre la salud de los presidentes sin coartar el derecho de privacidad?

La responsabilidad que adquiere una persona cuando acepta o se postula y gana un cargo público, va acompañada de autoridad y poder. En las democracias tiene que haber mecanismos que permitan limitar ese poder para que el político se mantenga encauzado en el cumplimiento de las atribuciones y competencias que le fueron asignadas. Algunos de esos mecanismos, en un ciudadano común, atentarían contra el derecho a la privacidad, pero son condiciones preestablecidas que los candidatos y funcionarios conocen. Por ejemplo, la presentación y publicación de la declaración jurada de patrimonio, bienes e intereses, viola la privacidad de un ciudadano común, pero es una obligación para todo funcionario público. En el tema de salud de los mandatarios con altos cargos de responsabilidad, no se ha legislado aún, pero los antecedentes muestran el camino correcto. Debe prevalecer el derecho de acceso a la información sobre el de intimidad en los casos de funcionarios públicos cuyo poder, nivel de responsabilidad y autoridad para tomar decisiones implique impacto sobre naciones, regiones o temas sensibles.

¿Qué aporte significativo cree que brinda el informe con respecto a la coyuntura que vive su país en este momento?

Ofrece respuestas claras a un tema delicado, de discusión actual, presentando los criterios y antecedentes que ayuden a encontrar la delgada y delicada línea que separa dos derechos fundamentales (acceso a la información e intimidad).

¿Cuáles son los efectos que traen las políticas “secretistas” de parte de los gobiernos en la sociedad?

Corrupción, abuso de poder, pérdida de legitimidad y debilitamiento de la democracia. Puede llegar a generar violencia política.

¿Cómo debería actuar la ciudadanía con respecto a la información de la salud de un presidente?

Exigiendo información verificable de voceros expertos y calificados, que no dejen lugar a dudas. El caso del Presidente Santos, que publicó sus exámenes médicos, subió la vara para el estándar que los ciudadanos debemos exigir.

¿En qué sentido está afectando al país y a sus ciudadanos la falta de información sobre la salud de Hugo Chávez en Venezuela?

Día a día crece la incertidumbre sobre quien está tomando las decisiones en el país y la legalidad y legitimidad de las acciones del gobierno y del estado. Hay una sensación de anarquía acompañada de un aumento de la agresividad en la retórica de los funcionarios del estado en los cargos públicos. Se están tomando decisiones importantes, por ejemplo la devaluación en 48,5% de la moneda desde el 13 de febrero, en nombre de un presidente que no sabemos si está despierto, en coma, si puede hablar, si camina. En el momento en que la inflación esperada, se haga evidente para la gente, aumentarán las dudas sobre el origen legal de la medida de devaluación.

La importancia de las redes en la lucha contra la corrupción

Entrevista a Mauricio Alarcón, Director de Proyectos de FUNDAMEDIOS – Ecuador

La 15° Conferencia Internacional Anti-corrupción (IACC) tuvo lugar en Brasilia del 7 al 11 de noviembre. En ella participaron más de 1900 personas de 140 países para discutir uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo: la corrupción.

La Alianza Regional estuvo presente en este evento invitada por Transparencia Internacional y el IACC. Conjuntamente con el Departamento de las Américas de Transparencia Internacional organizó el panel “Conexión de redes para el Cambio: Lecciones y Oportunidades del auge de las redes de Transparencia y Rendición de cuentas e iniciativas”. A su vez, dicho panel, contó con la presencia del sector privado que sistematiza su labor en el marco de acciones en red para la incidencia. La organización Basel Institute of Governance de Suiza participó junto con Mauricio Alarcón de Fundamedios (Ecuador) y Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana (Guatemala), cuyas participaciones como panelistas fueron en representación de la Alianza Regional y Transparencia Internacional.

En esta ocasión Mauricio Alarcón nos cuenta su experiencia en la  15º Conferencia de Brasilia y los elementos positivos que se pueden rescatar de la misma. A su vez, analiza la importancia de las redes de sociedad civil y cómo está hoy la situación de la transparencia en las políticas gubernamentales en América Latina.

¿Cuáles fueron los principales temas planteados en la 15° Conferencia Internacional Anti-Corrupción?

La IACC se centra principalmente en aspectos de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta edición no fue la excepción. Las distintas sesiones, tanto plenarias como particulares, se centraron en estos temas. Lo importante es que no se hablaba únicamente de los problemas, es decir de los aspectos negativos, sino que más bien se buscaba plantear las soluciones, las experiencias positivas.

¿Qué aportes hizo la Alianza Regional con su presencia?

El aporte de la Alianza Regional fue importante en dos aspectos. En primer lugar, por el trabajo de sus organizaciones miembros en temas de transparencia y acceso a la información pública. En segundo lugar, por tener la capacidad de contar los éxitos que se han obtenido en este tiempo a partir del trabajo coordinado en red. En torno a este último punto está el mayor aporte de nuestra participación. Se evidenció, con hechos ciertos, que el trabajo en grupo, las estrategias en equipo, el arrimar el hombro, permite alcanzar el éxito tanto entre organizaciones, como de ellas frente al exterior.

¿Qué brinda la IACC al resto del mundo?

Al igual que la mayoría de eventos similares que se realizan en muchos países, la IACC es una excelente oportunidad de compartir con organizaciones del mundo que realizan un trabajo afín. El contacto humano, el intercambio de ideas, la interacción formal e informal, permite que los participantes aprendan y luego apliquen lo aprendido.

Las redes como agentes de cambio

¿Cree que organizaciones y grupos con diferentes objetivos particulares se pueden unir con un fin en común como la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia?  ¿Ve un valor agregado en tener redes permanentes como la Alianza Regional o Transparencia Internacional?

Más allá de tener objetivos particulares distintos, creo que la transparencia y lucha contra la corrupción son principios comunes de las organizaciones de la sociedad civil, ejes transversales de su trabajo. En función de esto, sin duda creo que las organizaciones pueden unirse y trabajar por este fin común. No considero que deba existir siquiera una diferencia por la cual no se lo pueda hacer.

En torno a esto la existencia de redes permanentes como la Alianza Regional, a la que pertenecemos, es fundamental. Más allá de que el principal valor agregado de ello es su actividad continua, hay más elementos que considerar como el intercambio, la solidaridad, el apoyo entre organizaciones, entre otros.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los procesos de redes en el sector de la sociedad civil y en el sector privado? ¿Por qué es necesaria la existencia de redes?

Personalmente creo que el trabajo en red trae muchísimas más ventajas que desventajas. Esto se evidenció en el panel en el que participamos, señalando dos claros ejemplos tanto al interior como al exterior de la red. Al interior, cuando una organización es atacada o sufre las consecuencias de su papel como activista y defensora de derechos y libertades fundamentales, las otras organizaciones apoyan y protegen, no sólo con sus pronunciamientos sino incluso con acciones de incidencia como una visita al país. Al exterior, las organizaciones se juntan y trabajan de manera articulada frente a un tema que les preocupa a todos, como ha sucedido últimamente con el proceso de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto genera grandes fortalezas al trabajo en red pues las organizaciones pueden sentir un resultado real de la articulación. Sin embargo, podría decirse que la desventaja se relaciona con el tiempo de respuesta, por cuanto se debe esperar a que todos se pongan de acuerdo para reaccionar o realizar propuestas, y con el nivel de participación, pues muchas organizaciones esperan, cómodamente, que otras decidan e impulsen procesos.

El poder de un testimonio vivencial

¿Cuáles fueron sus aportes y cómo su participación significa un valor agregado para la agenda de trabajo en su país?

Considero que es muy importante el poder dar un testimonio vivencial, real, pues tiene mucha mayor fuerza que  exponer basándose solamente en teorías. La presencia y el aporte de nuestra organización en este evento ayuda, basado en experiencias de otras organizaciones similares, a orientar el trabajo futuro, a aprender de los errores para enmendarlos y  sirve para replicar buenas prácticas y experiencias exitosas.

¿Cómo ve el tema de la corrupción e impunidad en América Latina?

Al compartir con los representantes de organizaciones latinoamericanas se puede concluir que la situación de corrupción e impunidad en nuestros países es muy preocupante. Algunos países tienen la suerte de contar con organizaciones de la sociedad civil que son exitosas en la lucha contra estos males; desgraciadamente no son la mayoría. El reto actual, a partir del trabajo exitoso de estas organizaciones en sus países, es replicar los modelos y conseguir que esta lucha sea permanente y estandarizada en todo el continente. Una vez más, como se dijo en el panel en el que participamos, sólo trabajando en equipo, unidos y articulados, lograremos los mejores resultados, mucho más en un tema tan grave como este.

“Son las víctimas las que dan sentido y razón de ser al Sistema”

Entrevista a Alejandro Delgado Faith, Presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex – Costa Rica)

El 31 de octubre de 2012 se realizaron  audiencias con los países miembros de la OEA y Organizaciones no gubernamentales en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC. La convocatoria fue para tratar la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Alejandro Delgado Faith, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) de Costa Rica, participó en representación de la Alianza Regional y expuso la postura de la red de organizaciones miembros. En esta entrevista nos da su visión de las distintas reuniones que tuvieron lugar, del Sistema Interamericano y de la situación de la libertad de expresión en la región.

¿Qué elementos positivos se pueden rescatar del Foro de la Sociedad Civil para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano durante la sesión de audiencias de la CIDH?

Es valioso el hecho de que se escuchara a la sociedad civil. Como dijimos en nuestra presentación, son las víctimas las que dan sentido y razón de ser a los órganos de protección, ello constituye la base de su legitimidad. Por eso no fue  casualidad la presencia de tantas organizaciones de la sociedad civil. Espero que lo señalado sea escuchado.

¿Cuáles cree que deben ser los pasos a seguir de parte de las organizaciones de la Alianza Regional?

Creo indispensable continuar con las conversaciones en las cancillerías y procurar que los medios de comunicación divulguen el tema, tengo la impresión de que en nuestros países los ciudadanos no están informados de lo que está sucediendo.

En relación a las diferentes entrevistas que mantuvieron con altos funcionarios de la OEA y embajadores de diferentes países, ¿cuáles son las conclusiones a las que pudo arribar?

Me parece que la mayoría ve con buenos ojos la respuesta de la CIDH, acción que con seguridad contribuirá a mejorar la situación.

El Sistema Interamericano hoy

¿Con qué elementos cree que se puede lograr que el Sistema Interamericano sea más sencillo y eficaz?

Seguramente con medios o entidades que les permitan a las víctimas acceder de forma más ágil y menos costosa al Sistema. Debería de llegar a plantearse la posibilidad de una suerte de “defensa pública” para las víctimas.

¿El Sistema cuenta con un exceso de burocracia?

No me atrevo a afirmarlo, pero seguramente deben existir trámites e instancias que pueden ser más eficientes, entre ellos sin lugar a dudas los tiempos que duran los procesos.

Se mencionó con frecuencia la necesidad de tener una CIDH fuerte, autónoma e independiente. ¿No tiene esos atributos?

Me parece que los tiene, pero no en la medida y la necesidad que la defensa de los derechos humanos requiere. Un buen ejemplo es este proceso que se ha percibido, no en vano, como una amenaza para esos elementos. Me parece que  la mención reiterada a esos atributos obedece a una necesidad real, pero especialmente a que se está viendo en la reforma la posibilidad de que lejos de mejorar haya un retroceso.

La situación en América

¿Por qué cree que hay tanto incumplimiento por parte de los Estados de las decisiones y fallos del SIDH?

Me parece que los incumplimientos obedecen a un problema propio del derecho internacional que lo constituye la coercitividad de los fallos. En el derecho internacional, a diferencia del derecho interno, no existe forma de hacer cumplir forzosamente los fallos. Se debe buscar un mecanismo que permita mejorar el cumplimiento de los mismos.

¿Cómo ve la situación de la libertad de expresión en su país y en el resto de América?

En Costa Rica hay un tema que nos tiene preocupados en estos días y es una reciente reforma al Código Penal para regular los delitos informáticos. En esa ley se introdujeron varias normas que restringen la libertad de expresión y el libre acceso a la información púbica; ante ello hay un gran preocupación entre los medios de comunicación, los periodistas y la sociedad en general. En cuanto a América, nos preocupa la intolerancia de algunos gobiernos frente a voces distintas a las oficiales. 

¿Qué opina del anuncio de la CIDH de visitar a Ecuador y Colombia próximamente?

Lo veo prudente, especialmente porque estas visitas usualmente terminan en un  informe tras entrevistarse con autoridades y defensores de derechos humanos, lo que permitiría a la CIDH, en pleno, tomar contacto con la realidad. Desde mi perspectiva es necesario que la CIDH le ponga especial atención a la situación de la libertad de expresión en Ecuador: hay acciones y hechos recientes que no favorecen el ejercicio de ese derecho, que como se sabe, es indispensable en una sociedad democrática.